Opinión: Presunta anexión israelí del Valle palestino del Jordán: Una mirada con base en la legalidad internacional

En color naranjo la zona que Israel anexaría de manera ilegal

Ante las pretensiones israelíes, con la venia estadounidense, de anexar nuevos territorios palestinos, específicamente el Valle del Jordán del Margen Occidental de Palestina, han sido unánimes en el resto del mundo las condenas que esta acción está mereciendo de parte de la comunidad internacional, considerándola como ilegal y atentatoria contra la paz en Medio Oriente. Así lo declararon inmediatamente los gobiernos de Alemania, Francia, la Unión Europea y El Vaticano, entre otros, así como la propia ONU.

La referida anexión, proclamada por la coalición gobernante en Israel, representa una nueva y flagrante violación a la legalidad internacional y a las resoluciones de la ONU, toda vez que atenta contra la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la fuerza y a la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos los Estados de la zona puedan vivir con seguridad, exigiendo el retiro israelí de los territorios palestinos ocupados en 1967, expresado en la resolución 242 del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU del 22 noviembre 1967.

La pretendida anexión también coloca nuevas barreras al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y su compensación por la pérdida de sus bienes, y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, radicado en la resolución 194 del CS de la ONU del 11 diciembre 1948 y la 3236 del 22 noviembre 1974. Asimismo condena al fracaso la resolución 338 del CS que reafirma la res. 242 y recomienda el inicio de negociaciones con vista a instaurar una paz justa y duradera en la zona.

La anexión es al mismo tiempo totalmente contraria a la resolución 446 del CS de la ONU del 22 marzo 1979, que declara ilegal la creación de asentamientos israelíes y exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, respete el Convenio de Ginebra relativo a la protección de civiles y se desista de medidas que afecten el cambio del estatuto jurídico, la naturaleza geográfica y que afecten la composición demográfica de los territorios ocupados desde 1967, incluido Jerusalén, así como emplaza a los demás estados a limitar sus relaciones con Israel sobre la base de los territorios anteriores a 1967, lo que es un sustantivo fundamento para la validez del Boycot, Desinversión y Sanciones (BDS), iniciativa palestina por el boicot a los productos israelíes, desincentivo a la inversión y sanciones a las violaciones israelíes de las normas internacionalmente reconocidas  .

La ya referida política de la coalición Netanyahu-Gantz impulsa la continuación de las actividades de asentamientos israelíes, incluida Jerusalén Oriental, colocando en serio riesgo la viabilidad de la solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967, como ya se plasmara en la resolución 2334 del CS de la ONU del 23 de diciembre de 2016.

En definitiva, la medida anunciada por Israel, apoyada por la administración Trump, violenta toda la jurisprudencia internacional existente, incluidos los acuerdos de Madrid y Oslo, aunque en honor a la verdad estos fueran firmados bajo la coerción impuesta por la potencia ocupante y Estados Unidos, lo que les resta toda legalidad bajo esas mismas reglas internacionales.

Esta acción israelí forma parte de una política de apropiación sistemática de recursos naturales y territorios palestinos, contraviene la solución pacífica de las controversias, así como la autodeterminación de los pueblos y, en este caso atenta definitivamente contra la consagración de un Estado Palestino viable y soberano, el que no ha podido ver la luz ante las sucesivas invasiones israelíes desde 1948 a la fecha.

Es en este contexto y dada la adhesión de Chile a los principios enunciados, que el gobierno no debería si no reafirmarlos, respaldando las recientes declaraciones de Naciones Unidas y de la amplia mayoría de la comunidad internacional sobre la divulgada anexión territorial.  

Al mismo tiempo, en función del liderazgo que ha adoptado el gobierno de Chile en otras cuestiones internacionales, le cabría impulsar decididamente una iniciativa para convocar voluntades a nivel latinoamericano con la finalidad de apoyar la implementación de las resoluciones internacionales bajo el auspicio de la ONU, para detener el colonialismo y apartheid israelí y dar nacimiento al Estado Palestino, como vía para una paz duradera en la región y su efecto en la paz mundial.

Sin embargo, me hago un deber precisar que pese a la instalación en el sistema internacional de la tesis de Dos Estados para la paz, está de más recordar que Israel fue presurosamente instalado por las armas por los líderes sionistas después que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución 181, en la que solamente “se recomendaba” un plan para dividir la Palestina histórica, en ese entonces bajo Mandato Británico -aunque sin consultarle a los habitantes de ese territorio habitado por sus ancestros desde más de 4000 años- para alojar en un 54% de este a judíos provenientes especialmente de Europa, en lo que parecía representar una estrategia para “sacarse de encima” las presiones sionistas por un territorio para albergar a los judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial.

Pero de ninguna manera la mencionada resolución resolvió o dictaminó la partición de Palestina. Ese hecho deja en evidencia la ilegalidad de Israel desde su artificial creación y, con ello la injusticia cometida contra el pueblo palestino.

Por: Mikhael Marzuqa

Fuente:  Fundación por la Democracia

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