Opinión | Las expulsiones en Jerusalén son un microcosmos del apartheid israelí: la justicia exige acción

Israel tiene previsto desalojar por la fuerza a ocho familias palestinas, un total de 87 personas, de sus hogares en la zona de Sheikh Jarrah de la Jerusalén Oriental ocupada y anexionada ilegalmente.

Estas familias, refugiadas desde la Nakba (La Catastrófe) -como se refieren los palestinos a la expulsión y el exilio forzoso de más de dos tercios de la población en 1947 por las fuerzas sionistas-israelíes- y a las que se les negó su derecho a regresar a casa, ordenado por la ONU, se enfrentan ahora a una nueva desposesión y a quedarse sin hogar.

Los desalojos son ordenados por una sentencia judicial en virtud de una ley discriminatoria que permite a las organizaciones israelíes -como la organización de colonos que está detrás de este caso- apoderarse de la propiedad de tierras y viviendas que, según se informa, eran de propiedad judía antes de la creación del Estado israelí.

No sólo no existe una ley correspondiente por la que los refugiados palestinos puedan recuperar la propiedad de las casas de las que tienen llaves y escrituras, sino que la aplicación de la ley nacional israelí a los territorios ocupados es también una violación del Derecho Internacional; y que Jerusalén Este está ocupado, es la posición de las Naciones Unidas, la Unión Europea y diversos países del mundo.

A pesar de que la propiedad anterior sigue siendo discutida -Jordania, que administraba la zona antes de la ocupación israelí de la ciudad en 1967, ha proporcionado aparentemente documentos que prueban la propiedad palestina- estos desalojos constituirían una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y de las leyes de la guerra.

Los desalojos propuestos violan directamente el Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que una potencia ocupante no puede desplazar por la fuerza a civiles en un territorio que ocupa ni trasladar a parte de su población civil a dicho territorio.

El plan de Israel para “judaizar” Jerusalén

Sin embargo, estos desalojos no son un fenómeno aislado; desde que se hizo con el control de Jerusalén Este, el Estado israelí ha intentado eliminar a la población palestina de la zona y ampliar la presencia ilegal de colonos israelíes mediante el aislamiento de Jerusalén Este de Cisjordania, el robo de tierras y políticas discriminatorias en materia de planificación, construcción y presupuestos.

El 35% de las tierras palestinas de Jerusalén Este han sido confiscadas y entregadas a los más de 200.000 colonos ilegales que hay allí, mientras que 300.000 palestinos sólo pueden construir en el 13% de la ciudad.

Más del 70% de los palestinos de la ciudad viven por debajo del umbral de pobreza y sólo el 10% del presupuesto municipal se destina a las zonas palestinas, a pesar de que los palestinos constituyen casi el 40% de la población total de la ciudad.

Según la ONG israelí Ir Amim, en la actualidad se están llevando a cabo unos 600 desalojos; sólo en la zona de Silwan de la ciudad, otras 21 familias se enfrentan a la demolición de sus casas el 11 de mayo para dejar paso a un emplazamiento turístico israelí.

Estas políticas y acciones -que, según el profesor israelí Oren Yiftachel, tienen como objetivo “judaizar” y “desarabizar” Jerusalén- son sólo una parte del sistema más amplio de Apartheid que, inflige Israel a los palestinos.

La agenda israelí al descubierto

En un informe histórico, titulado “Un umbral cruzado”, la principal organización internacional de Derechos Humanos afirmó que Israel está cometiendo el doble “crimen contra la humanidad del Apartheid y la persecución” del pueblo palestino y que el Estado ha “demostrado su intención de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”.

El informe deja claro que el régimen opresivo que Israel impone al pueblo palestino no es accidental ni temporal, sino que es calculado, sistemático y permanente, diseñado a propósito para garantizar que los palestinos permanezcan en una posición de subyugación perpetua.

Por supuesto, que Israel está supervisando un régimen de Apartheid no es una novedad para los palestinos que han estado afirmando precisamente esto durante décadas. Tampoco es una novedad para los veteranos de la lucha por la libertad en Sudáfrica, como el arzobispo Desmond Tutu o Ronnie Kasrils. Ni siquiera es una novedad para las organizaciones israelíes de Derechos Humanos como B’Tselem y Yesh Din, que han publicado conclusiones similares el año pasado.

Sin embargo, aparentemente es noticia para muchos en la comunidad internacional, y los estados poderosos siguen siendo reacios a reconocer la realidad que tienen delante de sus narices, y no están dispuestos a tomar medidas para acabar con ella.

El informe de HRW aborda directamente este fracaso, afirmando que “las suposiciones generalizadas, como que la ocupación es temporal, que el “proceso de paz” pronto pondrá fin a los abusos israelíes, que los palestinos tienen un control significativo sobre sus vidas en Cisjordania y Gaza, y que Israel es una democracia igualitaria dentro de sus fronteras, han ocultado la realidad” de las políticas y prácticas de Apartheid de Israel.

Es hora de hacer justicia: los gobiernos deben actuar

El informe también incluye una serie de recomendaciones, desde instar a una investigación de la Corte Penal Internacional, hasta pedir a la ONU que “establezca una comisión internacional de investigación”, pasando por solicitar a las entidades privadas que cesen “las actividades que contribuyen directamente a los crímenes del Apartheid y la persecución”.

También exige sanciones colectivas y unilaterales a los Estados, desde “prohibiciones de viaje y congelación de activos” hasta la restricción de “la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad”.

De manera significativa, pide a los Estados que examinen unilateralmente “los acuerdos, los planes de cooperación y todas las formas de comercio” para detectar los que contribuyen al crimen del Apartheid y, cuando no sea posible mitigar los daños a los derechos humanos, que “pongan fin a (estas) actividades y a la financiación”.

Aunque todavía no reconoce formalmente que Israel está cometiendo el crimen del Apartheid, el gobierno irlandés se ha manifestado en contra de los abusos de los Derechos Humanos y las violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel.

Aunque son bienvenidas, las palabras no son suficientes; Irlanda, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y como actor internacional ampliamente respetado, debe defender los derechos de los palestinos y, sobre todo, actuar en consecuencia. Sin embargo, Irlanda no ha tomado ni un ápice de acción significativa para ayudar a poner fin a los múltiples crímenes cometidos contra el pueblo de Palestina.

Por ello, pedimos al gobierno irlandés que estudie detenidamente el informe de HRW, que actúe según sus recomendaciones y, más inmediatamente, que actúe para poner fin a las expulsiones en Jerusalén.

Es hora de acabar con la impunidad de Israel.

Es hora de que los palestinos disfruten de libertad, justicia e igualdad.

Las opiniones vertidas en nuestro portal de noticias son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Comunidad Palestina de Chile.

Por: Fatin Al Tamimi

Fuente: PPN Palestine

Traducción y Edición: Comunidad Palestina de Chile