Opinión |El régimen jurídico necesita una solución de un solo estado

Este fin de semana, la comunidad de la Universidad de Harvard será la anfitriona de la conferencia, de “Un Estado: Israel/Palestina y la solución de un solo estado”. Ésta instancia, promete ser un debate estimulante sobre la probabilidad de la solución de dos estados, los beneficios de la solución de un solo estado, y los desafíos para lograr cualquiera de los dos. A la luz de ese debate, me pareció útil compartir las dimensiones jurídicas que demuestran el sistema discriminatorio de Israel tanto dentro de sus supuestas fronteras como en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) como régimen singular de apartheid.

La naturaleza unitaria de este sistema jurídico desencadena a la vez los recursos jurídicos adecuados en el derecho internacional y subraya el impulso pragmático de la solución de un solo Estado.

Desde su creación, Israel ha separado la nacionalidad judía de la ciudadanía israelí. De hecho, no existe la nacionalidad israelí. En cambio, la Ley de Ciudadanía de 1952, denominada incorrectamente “Ley de Nacionalidad”, derogó la Orden de Ciudadanía Palestina de 24 de julio de 1925, en virtud de la cual se concedía a los palestinos autóctonos la condición de ciudadanos y nacionales de su país; dio lugar a la “desnacionalización” de facto de toda esta población.

En lo sucesivo, la legislación israelí ha distinguido entre su población judía, que es a la vez “nacional y ciudadana”, y su población no judía, a saber, los palestinos musulmanes y cristianos, que son “sólo ciudadanos”. Esta distinción tiene por objeto privilegiar los derechos de los nacionales judíos dondequiera que residan y/o reducir los derechos de los nacionales no judíos (árabes palestinos), independientemente de su condición de ciudadanos del Estado, residentes en Jerusalén Oriental, civiles que viven bajo la ocupación en el territorio palestino ocupado o refugiados que viven en el exilio, en lo que respecta a los derechos de residencia, la propiedad de la tierra, la libertad de circulación, la nacionalidad, la ciudadanía y el derecho a salir del país y regresar a él.

El sistema binario de Israel facilita el objetivo declarado del Estado de mantener una importante mayoría judía incluso ante el crecimiento natural de la población. Dentro del Estado existen aproximadamente 1,2 millones de palestinos-israelíes que constituyen el veinte por ciento de la población. Dada la constante disminución de la población judía del Estado y considerando el Mandato Palestina en su conjunto, los palestinos cristianos y musulmanes superarán a sus homólogos judíos en 2025.

A pesar de su compromiso declarado de ser a la vez judío y democrático, las instituciones israelíes dan prioridad al carácter judío del Estado por encima de todo, incluso, y a menudo, a expensas de su carácter democrático. Esto equivale a un conjunto de leyes, políticas y decretos judiciales dentro del Estado y el territorio palestino ocupado que tienen por objeto reducir la presencia de nacionales no judíos, es decir, una política de población forzada.

La Ley del Retorno (1950) define a un nacional judío como alguien nacido de madre judía o que se ha convertido al judaísmo y no es miembro de ninguna otra religión. Dicha nacionalidad confiere derechos y privilegios exclusivos, incluido el derecho a entrar en Israel en cualquier momento, a obtener la ciudadanía en cualquier momento y a vivir en Israel y/o en los asentamientos de la Ribera Occidental. En la práctica, esta distinción otorga más derechos a los nacionales judíos que viven fuera de Israel y que nunca han visitado o se han preocupado por visitar el Estado que a los propios ciudadanos no judíos del Estado.

Los esfuerzos de Israel por mantener una mayoría judía impulsan su política de traslado forzoso de población en toda la Palestina del Mandato. La transferencia de población busca alterar la composición demográfica de un área moviendo a la gente dentro y/o fuera del área.

Los componentes específicos de la política de traslado de población equivalen a crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma (arts. 7 y 8) y el Cuarto Convenio de Ginebra (arts. 49 y 147). La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la antigua Comisión de Derechos Humanos ha definido claramente el traslado de población como: el movimiento de personas como consecuencia de procesos políticos y/o económicos en los que participan el gobierno del Estado o los organismos autorizados por el Estado.

Estos procesos tienen una serie de resultados previstos o no previstos que afectan a los derechos humanos de la población transferida, así como a los habitantes de una zona a la que se transfieren los colonos. (…) El papel del Estado puede consistir en subsidios financieros, planificación, información pública, acción militar, reclutamiento de colonos, legislación u otras acciones judiciales, e incluso la administración de justicia.

Esta política es tan prevalente en Cisjordania como en Israel. En ambos casos, su objetivo es facilitar la migración y el asentamiento de los nacionales judíos mientras se asegura su estatus dominante y legal a expensas de los derechos de los árabes palestinos para obligar y/o hacer cumplir su desplazamiento forzoso. Dicha política, junto con otras políticas basadas en la distinción entre nacionales judíos y no judíos, viola específicamente los artículos II (c) y II (d) de la Convención del Apartheid.

Las leyes discriminatorias de Israel sobre la tierra constituyen un componente básico de la política de transferencia de población. Esta letanía de leyes comienza con la Ley de propiedad de los ausentes (1950), que autorizó al Estado a establecer un Custodio para confiscar las tierras de las personas consideradas ausentes o presentes. Los ausentes se refieren a los refugiados que huyeron durante la guerra y a los que se les negó la entrada de hecho. De manera similar, los ausentes actuales se refieren a los palestinos que huyeron de sus hogares pero permanecieron dentro de Israel, también conocidos como desplazados internos. A ellos tampoco se les permitió reclamar sus hogares y tierras.

En virtud de la ley de propiedad de los ausentes, el Custodio transfirió las tierras a la Autoridad de Desarrollo (DA), cuyo propósito era “trabajar con los organismos gubernamentales pertinentes para adquirir y preparar las tierras en beneficio de los inmigrantes judíos recién llegados”.

Según la ley, el fiscal puede transferir las tierras adquiridas sólo al Estado y al Fondo Nacional Judío (FNJ) para ser utilizadas en beneficio exclusivo del “pueblo judío”. Mediante esta ley de tierras, Israel ha transferido el 93 por ciento de las tierras palestinas que eran propiedad o estaban en posesión colectiva de los palestinos antes de 1948 a “tierras de Israel” y no pueden ser impugnadas en los tribunales porque han sido nacionalizadas. Considere que los Palestinos-Israelíes que constituyen una quinta parte de la población usan o controlan el 3,4 por ciento de la tierra hoy en día.

Las leyes más contemporáneas incluyen la Enmienda Temporal de 2003 a la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel. Esta ley suspende la posibilidad de que los ciudadanos palestinos de Israel y los titulares de documentos de identidad de Jerusalén obtengan permiso, mediante la reunificación familiar, para vivir legalmente en Israel o en la Jerusalén Oriental Ocupada con sus cónyuges de los TPO o de supuestos “estados enemigos”.

En mayo de 2002, Israel emitió la decisión 1813, por la que se congelaron las solicitudes de todos los ciudadanos israelíes o residentes en Jerusalén Oriental en las que participaban cónyuges palestinos de los territorios palestinos ocupados, a fin de impedir la posibilidad de un “derecho de retorno progresivo” mediante el proceso de unificación.

La Kneset (parlamento israelí) institucionalizó esta política mediante una ley en 2003 cuando aprobó la Ley provisional. Dado que la abrumadora mayoría de los ciudadanos israelíes que desean casarse con cónyuges de los Territorios Palestinos Ocupados son palestinos, la ley discrimina de manera desproporcionada a los palestinos y viola el derecho a la vida familiar.

Además, la enmienda de 2003 no cambia la situación de los cónyuges de ciudadanos israelíes que solicitan que se les unan cónyuges extranjeros o cónyuges de colonos israelíes que viven en los territorios palestinos ocupados.

El 11 de enero de 2012, el Tribunal Superior de Israel rechazó una impugnación jurídica de la ley al sostener que “los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional”. Aunque el Tribunal sostuvo que la ley promueve la seguridad nacional de Israel, aplica la prohibición de la reagrupación familiar como una política general sin la oportunidad de un debido proceso. El miembro de la Kneset, Otniel Schneller explicó la intención discriminatoria de la legislación cuando dijo “la decisión articula la razón de la separación entre los (dos) pueblos y la necesidad de mantener una mayoría judía… y el carácter del Estado”.

En el desierto del Néguev, el Estado aplica una política mucho más flagrante de población forzada. El Plan Prawer propone retirar treinta mil ciudadanos beduinos palestino-israelíes y colocarlos en townships urbanos, para hacer sitio a un bosque y unidades de vivienda para los nacionales judíos. Los residentes palestinos de Al Araqib se han resistido fastidiosamente a este plan reconstruyendo sus casas demolidas no menos de veinticinco veces por su Estado. Desafiando las normas de derechos humanos y la decencia, el Estado ha demandado a los residentes por el costo de las demoliciones.

En la Jerusalén Oriental de la Ribera Occidental Ocupada, los palestinos, a los que se les conceden derechos de residencia pero no la ciudadanía, también son objeto de traslados forzosos de población.

Según el documento de planificación municipal de la Ocupación, Jerusalén 2000, el Estado trata de reducir la proporción de nacionales judíos con respecto a los residentes palestinos no judíos de 60:40 a 70:30 para 2020.

Israel se propone lograr esta transformación demográfica mediante la aplicación de una confluencia de políticas que incluyen un estatuto de residencia tenue sujeto a revocación arbitraria, demoliciones sistemáticas de viviendas, políticas discriminatorias de vivienda y planificación y la confiscación institucionalizada de tierras sin indemnización.

Considérese que entre 1967 y 2010, Israel revocó la residencia de 13.115 jerosolimitanos palestinos sin el debido proceso o revisión en lo que equivalía a una “deportación silenciosa”.

En diciembre de 2011, el alcalde de Jerusalén Ocupado ha sugerido que los 55.000 habitantes palestinos de la ciudad que se encuentran del lado palestino del Muro de Apartheid, deberían perder también su condición de residentes. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada encontró que las políticas de Israel equivalen a una campaña de judaización.

En toda Cisjordania, el traslado forzoso de población por parte de Israel no es menos insidioso. El Valle del Jordán, que constituye el cuarenta por ciento de la Ribera Occidental, ha sido declarado prácticamente una zona militar cerrada y ha sido el lugar de un desplazamiento sistemático. Allí, las autoridades israelíes han acelerado la expansión de los asentamientos y la implantación de colonos.

Además, el Estado ha restringido gravemente el acceso al agua del valle para uso exclusivo de su aparato militar y de la población de colonos, obligando a los palestinos autóctonos a desplazarse para sobrevivir. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Israel está aplicando políticas similares para consolidar su control y facilitar el desplazamiento de los árabes palestinos que viven en la Zona C, que constituye el 62 por ciento de la Ribera Occidental.

La realidad de facto del control de Israel sobre la totalidad del territorio palestino ocupado no ha pasado desapercibida para los israelíes, que han instado a la anexión unilateral de la Ribera Occidental en contravención del derecho internacional y las normas de derechos humanos.

Si bien la comunidad de naciones sigue distinguiendo entre Israel propiamente dicho y el Territorio Palestino Ocupado, Israel no hace esa distinción, ya que privilegia a sus nacionales judíos y/o coarta los derechos de los árabes palestinos en todo el territorio del mandato de Palestina, independientemente de su ciudadanía o situación de residencia.

Esta política unitaria hacia los árabes palestinos de la tierra pone en duda la idoneidad de la Ley de Ocupación, por sí sola, para reparar las continuas y atroces violaciones cometidas por Israel.

Considere que, incluso si se estableciera una solución de dos Estados en las fronteras de 1967, ¿cómo aborda esa solución los derechos de los nacionales no judíos que son ciudadanos del Estado y están sujetos al traslado forzoso de la población y al tratamiento como quinta columna dentro del Estado?

Además, ¿cómo se aborda en esa solución los derechos de los refugiados palestinos que no tienen derecho a la nacionalidad judía en ninguna circunstancia y que, por lo tanto, están excluidos institucionalmente de los beneficios de la Ley de retorno, incluidos la entrada, la ciudadanía y la residencia? En cambio, los juristas y defensores sugieren que la ley de derechos humanos que ordena la igualdad de trato es necesaria para tratar de manera integral este endémico.

Más allá de los regímenes legales apropiados es una cuestión de pragmatismo. Si bien los partidarios de los dos Estados destacan el carácter pragmático de la solución de los dos Estados en relación con los defensores idealistas de un Estado único y democrático, los hechos sobre el terreno demuestran en primer lugar la inextricable distribución de la población árabe y judía palestina.

De hecho, la Franja de Gaza puede ser el único territorio donde existe una población homogénea. En vista de ello, para lograr una solución de dos Estados no sólo se necesitarán intercambios de tierras sino también transferencias de población de las poblaciones judía y palestina.

La comunidad internacional debería oponerse a esas transferencias, ya que es probable que alimenten políticas aceleradas de depuración étnica similares a las que se observan en la ex Yugoslavia. La defensa de la igualdad entre los ciudadanos de un solo Estado es posiblemente más práctica que el apoyo a la eliminación forzosa de las poblaciones étnicas con el fin de lograr entidades etnonacionales homogéneas.

En un Medio Oriente, que cambia rápidamente y en el que la ciudadanía, la democracia y la pluralidad han cobrado cada vez más importancia, es especialmente problemático abogar por la inversión de las tendencias en Israel y los TPO. La solución de dos Estados no sólo es insuficiente para tratar las violaciones israelíes de los derechos de los palestinos, sino que también es impracticable.

Por: Noura Erakat

Fuente: Al Jadaliyya

Traducción y Edición: Comunidad Palestina de Chile