HRW denuncia que Israel limita “drásticamente” el acceso a terrenos para vivienda a los palestinos del país

Soldados del Ejercito de Ocupación, junto a un bulldozer bloqueando el paso de los palestinos a sus tierras

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que las autoridades israelíes aplican una política para concentrar a la población palestina en las ciudades y localidades de mayoría árabe de Israel, limitando “drásticamente” su acceso a terrenos para la vivienda que acomoden el crecimiento poblacional.

HRW señaló que esta política no es aplicada únicamente en Cisjordania y la Franja de Gaza y ha agregado que “décadas de confiscaciones de tierras y políticas de planificación discriminatorias han confinado a muchos ciudadanos palestinos-israelíes en localidades densamente pobladas en las que tienen poco espacio para expandirse”.

Así, ha señalado que, por el contrario, el gobierno de Israel alimenta el crecimiento de las ciudades y comunidades israelíes, “muchas de ellas construidas sobre las ruinas de aldeas palestinas destruidas en 1948”, año de la creación del Estado de Israel, y algunas de las cuales tienen comités que prohíben a los palestinos vivir allí.

“La política israelí a ambos lados de la Línea Verde limita a los palestinos en zonas densamente pobladas mientras maximiza el terreno disponible para comunidades judías”, ha dicho el director ejecutivo en funciones de HRW para Oriente Próximo, Eric Goldstein.

En este sentido, ha incidido en que “estas prácticas son bien conocidas en lo relativo a Cisjordania, pero las autoridades israelíes están aplicando también prácticas discriminatorias sobre las tierras dentro de Israel”.

La ONG ha recordado que el Estado controla directamente el 93 por ciento del territorio del país, incluido Jerusalén Este, ocupado tras la guerra de 1967 en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

El organismo gubernamental Autoridad de Tierras de Israel (ILA) –cerca de la mitad de cuyos miembros son integrantes del Fondo Nacional Judío (JNF), cuyo mandato es desarrollar y alquilar tierras únicamente a judíos– gestiona estas tierras. El JNF posee el 13 por ciento del territorio con el objetivo de “asentar judíos”.

A pesar de que los ciudadanos palestinos-israelíes constituyen el 21 por ciento de la población del país, diversos grupos civiles calcularon en 2017 que sólo el tres por ciento de las tierras están bajo jurisdicción de municipios palestinos.

HRW ha indicado que, desde 1948, las autoridades israelíes se han incautado decenas de miles de hectáreas de terrenos palestinos, un proceso llevado a cabo principalmente entre 1949 y 1966 y que incluye leyes destinadas a hacerse con tierras de refugiados o desplazados internos a través de una declaración de que las mismas son propiedad ausente.

Las políticas territoriales de los últimos años han restringido aún más los terrenos disponibles para el crecimiento de las localidades de mayoría árabe, llevando a que desde 1948 se haya dado autorización a más de 900 “localidades judías”, frente a la ausencia de autorizaciones para palestinos, a excepción de algunos municipios planificados por el Gobierno en el desierto del Negev y Galilea con el fin de concentrar a comunidades beduinas.

La ONG ha señalado además que desde la década de 1970 se ha procedido a clasificar terrenos de aldeas y localidades palestinas como “zonas verdes” o “agrícolas”, prohibiendo la construcción de edificios residenciales, así como a construir carreteras e infraestructuras que impiden una expansión de estas localidades.

De hecho, un informe gubernamental indicó en 2003 que “muchas aldeas y localidades árabes están rodeadas pro tierras diseñadas para propósitos como zonas de seguridad, consejos regionales judíos, parques nacionales, reservas naturales y autovías, que evitan o impiden la posibilidad de su expansión en el futuro”.

FALTA DE AUTORIZACIONES

El Centro Árabe para una Planificación Alternativa, con sede en Israel, ha destacado que entre el 15 y el 20 por ciento de las viviendas en localidades palestinas no cuentan con permisos, en ocasiones porque fueron rechazados o porque no fueron solicitados, al considerar que las autoridades iban a rechazarlos igualmente.

Así, ha señalado que entre 60.000 y 70.000 viviendas en Israel, excluyendo Jerusalén, están bajo riesgo de demolición debido a la falta de estos permisos, especialmente a raíz de una enmienda de 2017 que incrementa “la aplicación y penalización de los delitos sobre planificación y edificación”.

En julio de 2015, el 97 por ciento de las 1.348 órdenes judiciales de demolición en el país eran para estructuras ubicadas en localidades de mayoría árabe, mientras que los planes urbanísticos daban “suficiente tierra y permisos a comunidades predominantemente judías situadas en zonas similares para facilitar su crecimiento”.

Sin embargo, la Administración de Planificación de Israel (IPA) ha rechazado que las autoridades busquen limitar el crecimiento de las aldeas y localidades palestinas y ha resaltado que ha aprobado o prepara planes para 119 de las 132 localidades palestinas en el país.

De esta forma, una alto cargo de este organismo ha destacado que Israel ha aprobado 160.000 unidades de vivienda en estas zonas entre 2012 y 2019, incluidas 42.000 durante el último año, además de “legalizar miles de estructuras existentes”.

Por contra, HRW ha dicho que, pese a que ha habido cierto desarrollo residencial en algunas aldeas, gran parte de estos planes aún no han sido aplicados y siguen a la espera de otras autorizaciones.

COMITÉS DE PERMISOS

La legislación israelí permite además que localidades del Negev y Galilea –que supone dos tercios del territorio– que tengan menos de 400 viviendas mantengan en vigor comités de permisos que pueden rechazar la llegada de residentes si se considera que “no se adaptan a la vida social de la comunidad” o son incompatibles con “el tejido sociocultural”.

HRW ha explicado que esta autoridad “permite de forma efectiva la exclusión de palestinos de pequeñas aldeas judías”, que suponen el 43 por ciento del total en Israel, según datos publicados en 2014 por la organización Adalah, con sede en Haifa.

Asimismo, ha recordado que documentó en 2008 políticas y prácticas discriminatorias que dejaron a decenas de miles de beduinos en el sur de Israel en asentamientos informales “no reconocidos” y bajo amenaza de demolición.

Por ello, ha solicitado a las autoridades que “prioricen las necesidades de crecimiento de las comunidades palestinas” y autoricen la entrega de terrenos del Estado para expandir estas localidades, eliminando además los permisos que permiten discriminar a esta población a través de los citados comités.

“Las políticas territoriales de Israel tratan a las aldeas dentro de sus fronteras a través de términos claramente desiguales, dependiendo de si los habitantes son judíos o palestinos”, ha criticado Goldstein. “Tras décadas de confiscación de tierras de los palestinos, Israel los confina en localidades abarrotadas mientras permite florecer a las adyacentes localidades judías que les excluyen”, ha remachado.

Fuente: Europress

Edición: Comunidad Palestina de Chile